Un juzgado investiga el caso de los menores no escolarizados de Las Doce Tribus
El Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián mantiene abierta una investigación desde el año 2002 sobre la supuesta no escolarización de varios menores pertenecientes a Las Doce Tribus, una organización espiritual radicada en dos caseríos ubicados en Irún y la capital guipuzcoana. Una inspección efectuada por Educación determinó que en septiembre de 2003 estos niños no estaban matriculados “en ningún centro educativo”.
En respuesta a una pregunta formulada por la parlamentaria socialista Isabel Celaá sobre la escolarización de los niños de Las Doce Tribus, el consejero de Educación, Tontxu Campos, asegura que Educación constató al iniciarse el curso 2003-2004 que estos menores no iban a la escuela. Pese a ello, manifiesta que su departamento no ha podido intervenir en este asunto debido a que “este asunto está sub iudice“.
Campos explica en su escrito que el citado juzgado donostiarra abrió en 2002 diligencias “en relación con la escolarización y demás circunstancias relativas a los menores” que vivían en entonces en la comunidad de Las Doce Tribus. Según los testimonios de ex miembros de esta organización recogidos por EL PAÍS, se trata de “una secta en toda regla”. Son un grupo de personas -unas 85 en total- que intentan emular la vida de los primeros discípulos de Yahshua (el hijo de dios en hebreo). No ven la televisión, ni leen los periódicos. Practican el autoabastecimiento y la espiritualidad. Efectúan ellos mismos la circuncisión y no llevan a los niños a la escuela.
Denuncia del Ayuntamiento
Las diligencias judiciales sobre este asunto se iniciaron como consecuencia de una denuncia presentada por el Servicio de Prevención, Infancia y Familia del Ayuntamiento de San Sebastián, asegura Campos en su contestación. Posteriormente, en julio de 2003, la sección de Infancia y Juventud de la Diputación solicitó a Educación que informara si los menores de Las Doce Tribus estaban escolarizados. La inspección se llevó a cabo al iniciarse la actividad escolar en septiembre de 2003, que dio como resultado que los niños no acudían a “ningún centro educativo”.
El Departamento de Educación asegura que, como procedimiento general, la escolarización de los alumnos en la etapa obligatoria “corresponde a los padres de familia” y recuerda que los ayuntamientos “están obligados a colaborar” con la administración educativa “en el control del cumplimiento de esta obligación legal”. La consejería se escuda en que sólo puede tener información de que un niño o niña no está escolarizado “por comunicación o denuncia” de un particular o “por solicitud” del ayuntamiento o diputación correspondiente. Si esta colaboración institucional no logra el objetivo de mantener en la escuela al menor, el caso se pone entonces en manos de la justicia.